Hace cosa de un mes saltó a los medios un movimiento social encabezado por una plataforma denominada "Democracia real ya!" que, lógicamente, levantó muchas expectativas. Por fin un numeroso grupo de personas, cansadas (indignadas) por el abismo al que se abocaba la economía española, sumida en un marasmo de difícil salida, parecía despertar del letargo para poner manos a la obra y plantear soluciones tan drásticas como necesarias. La juventud y formación de que hacían gala sus integrantes garantizaban, cómo no, el éxito de la empresa, animando la curiosidad de aquellos que ya no esperaban nada de los que, de una manera u otra, habían sido incapaces de sacar a España de la crisis o de, al menos, suavizar sus efectos.
Jóvenes que no habían accedido todavía al mercado laboral, o que no percibían un salario adecuado, con estudios universitarios, con conciencia de generación, conocimiento de otras realidades, conectados y agitados por las redes sociales..., expresaban sus protestas hacia un sistema que no les tenía en cuenta. Sin hacer distingos (ma non troppo) entre partidos e ideologías políticas, exigían una profunda reforma de la democracia (refundación de la democracia, decían) y se organizaban en comisiones y asambleas para debatir a diario todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural del país.Un movimiento de semejantes características resultaba enormemente atractivo, por lo que los medios se ocuparon de su difusión, para denigrarlo o ensalzarlo, pedir su disolución o animar su continuidad y extensión, y no había periódico, radio o televisión que no reservara un espacio más o menos largo para recoger las propuestas del día.
Hasta aquí nada que objetar. Y a simple vista, los primeros puntos de su ideario no hacía más que reforzar la impresión inicial: desde la eliminación de los privilegios de la clase política, pasando por la reducción del desempleo, el impulso de las libertades ciudadanas y la democracia participativa hasta la exigencia de unos servicios públicos de calidad, cualquiera en su sano juicio lo firmaría con los ojos cerrados.
Los cuatro puntos restantes, arruinan toda tentativa de concederle un mínimo de seriedad al cotarro
Vayamos por partes:
Hablar del derecho a la vivienda (se les olvidó el calificativo de digna), es una entelequia. ¿El Estado debe proporcionarnos a todos una vivienda (digna)? ¿Con qué dinero? ¿Qué es digno? ¿Lo que es digno para mí lo es para ti? De ahí a la multiplicación de los panes y los peces solo hay un paso. Luego está el control de los bancos: ¿los nacionalizamos y ponemos sus recursos en manos de unos gobiernos caracterizados por su buen hacer?; el aumento de los tipos impositivos (a los ricos, claro; pero.. ¿quén es rico?, ¿dónde ponemos la frontera?), con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio (!la hidra de la propiedad privada, que no cesa!) y la adopción de una tasa a las transacciones internacionales; y el inevitable "haz el amor y no la guerra" en un mundo donde reina la paz y la armonía fraternal entre los pueblos: la reducción del gasto militar.
No digo nada de recuperar el "derecho a soñar", de la retirada simbólica de 155 euros (15-5) de los cajeros el 30 de mayo (los malvados bancos tienen acogotado a un Estado cada vez más débil, enclenque y acobardado), la marcha hacia Madrid prevista para el 17 de julio (¿por qué no 18?) y otras iniciativas de gran calado que seguro se me escapan....
Poco importa quién ande detrás de todo esto, pues no dudo que alguien mueve los hilos. Lo que me preocupa realmente es comprobar que un happening como este, a simple vista "antisistema", resulte ser lo más pro-sistema que se haya visto los últimos años. Me explico:
1. No se cuestionan los fundamentos del Estado tal como hoy lo conocemos. De nada vale suspirar por una reforma de la ley electoral cuando el mal reside precisamente en unos partidos convertidos en cuerpos burocráticos desde que participan de las subvenciones del Estado en función del número de votos recibidos en las urnas. Lo mismo sucede con sindicatos y patronal. Ningún indignado ha reclamado que partidos, sindicatos y confederaciones de empresarios se financien únicamente con las cuotas de sus afiliados
2. Tampoco se denuncia la intervención descarada de la política en la economía, como sí se protestó en su momento, con toda lógica, por la manipulación por parte de la Iglesia de competencias (la educación, por ejemplo) que se creían exclusividad del Estado. Las "políticas de estímulo de la economía", premiando el consumo o el ahorro según le plazca al gobierno de turno, proponiendo y ejecutando fusiones bancarias, financiando expedientes de regulación de empleo, colocando a políticos al frente de las cajas, etc..han demostrado ser letales. Ningún indignado ha reclamado la separación radical entre la economía y la política
3. Se abomina de la iniciativa individual. Tan es así, que la remota posibilidad de que la persona recupere la autonomía en ciertas parcelas de su vida parece provocarles sarpullido. De ahí la exigencia de aumento de la presión fiscal, que el ciudadano disponga de cada vez menos capital para costear como mejor le plazca (responsabilidad) su educación, sus cuidados sanitarios o la seguridad en su vejez. No he oído a ningún indignado reclamar una drástica reducción de la presión fiscal
4. Se omite cualquier alusión a la libertad y a los derechos fundamentales. Eso sí, insisten en las libertades ciudadanas (¿cuántas? ¿3, 18?) y en la multiplicación de los derechos (a soñar, vivienda y salario dignos...). Curiosamente, y sucede lo mismo con el título de la plataforma (Democracia real), cuanto más se adjetiva un sustantivo, más se vacía este de significado. Pensemos en las democracias populares o en nuestra gloriosa democracia orgánica... Otro tanto sucede cuando los gobiernos se dedican a extender los derechos, unos derechos que no emanan de ellos y sobre los que no deberían ejercer ninguna autoridad que no fuera protegerlos de toda agresión. Soslayan que derechos hay básicamente tres: derecho a la vida, a la libertad (de expresión, de movimientos, asociación...) y a la propiedad privada, siendo este el único que da sentido a los otros dos. Tampoco se ha manifestado ningún indignado por la devolución al individuo de los derechos y la libertad usurpada por el Estado
Evidentemente, y es muy probable que no exista intención en ello, tales manifestaciones no hacen más que afianzar a un Estado (y no me refiero solo a España) que no ha sido nunca tan poderoso como en la actualidad, pues jamás ha tenido en sus manos tantísimos recursos y una población tan encantada con refrendar cada cuatro años los despropósitos, apaños y tejemanejes que unos y otros encierran en sus programas electorales. Las protestas están perfectamente canalizadas y poco importa que la permanencia de los campamentos en el centro de las ciudades perjudique gravemente los intereses de comerciantes y vecinos que, estos sí, ven mermados gravemente sus derechos ante la pasividad de las autoridades que renuncian a su deber de defenderlos. La protesta se perpetra dentro del sistema, como las huelgas generales que lejos de dañar a un gobierno, hacen la vida un poquito más difícil a la gente.
Frente al derecho a la indignación, solo nos queda el derecho a la resignación.
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